Los nueve leones que viajaron de Santander a Suráfrica hace unas semanas, dejando atrás los maltratos de los circos para vivir en un santuario natural, son un símbolo de cómo ha avanzado la protección animal en el país. La Ley 1638 del 2013 obligó a los circos a no utilizar animales exóticos o silvestres en sus espectáculos, victoria del movimiento animalista que en enero de este año, logró la sanción de la Ley de Protección Animal. Esta castiga con penas de uno a tres años y multas de 38 millones de pesos a quienes atenten contra animales.
Este no es el único avance. Un reciente informe del Observatorio Animalista, respaldado por la Pontificia Universidad Javeriana, señala que cerca de 20 ciudades en el país se han comprometido a regular el comportamiento humano hacia los animales. Javier González, investigador del Observatorio, subraya que este rastreo normativo fue una oportunidad de indagar qué tanto importan los animales en ciudades y departamentos. En total, 36 resoluciones y acuerdos fueron emitidos por las administraciones municipales entre 2012 y 2015. Y en tres departamentos se promovieron ordenanzas al respecto.
En Antioquia, se estableció en el 2014 una política pública para proteger a los animales; en Cundinamarca se institucionalizó –a través de una ordenanza del 2012– el 4 de octubre como el Día del buen trato, la protección, conservación, preservación y defensa de los animales, y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también se determinó una política sobre el tema.
No obstante, según el Observatorio Animalista, de los 32 departamentos ninguno programó debates de control político sobre las necesidades y deficiencias en la atención de la fauna.
Solo en abril del 2014, el departamento de Casanare citó a las autoridades ambientales para conocer las causas y avances en la gestión por la mortandad de especies debido a las condiciones climáticas en la zona de Paz de Ariporo. Pero, como reconoció la misma Asamblea, el tema de los animales no fue el principal.
En el ámbito urbano, se destacan los nuevos mecanismos que crearon cerca de 20 ciudades en los últimos cuatro años. Por ejemplo, Bogotá, Medellín, Manizales y Pasto incluyeron la protección animal en sus planes de desarrollo.
En el caso de Bogotá, la ciudad con más normas en este campo, se crearon lineamientos para la comercialización de pequeños animales, se gestó el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, se ordenó adecuar el Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal Casa Ecológica de los Animales, se estableció a través de la línea 123 un canal para la denuncia del maltrato animal y se implementó un protocolo de acciones que deberán tener en cuenta los paseadores de perros, entre otras normas.
Ciudades como Ibagué y Tunja emitieron políticas públicas de protección animal y otras ocho urbes crearon, o reactivaron, sus juntas defensoras de animales.
Luz Elena Henao, experta en derecho animal y coordinadora del Programa Sociojurídico de Protección Jurídica de los Animales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, explica que estas nuevas normas son producto de “un trabajo que lleva muchos años, una labor silenciosa y desconocida para el común de la gente”.
Henao, por ejemplo, aclara que la ley que creó las juntas de defensa de animales se emitió desde 1972, pero solo
hasta los últimos años los gobiernos municipales las crearon. “Se demoró tantos años por desconocimiento de la norma. Las leyes no pueden expedirse y ya. Falta educación ciudadana sobre el contenido de estas para que se hagan realidad”.
Andrea Padilla, vocera nacional de la ONG AnimaNaturalis, asegura que los cambios con relación a la protección de los animales se están gestando desde lo local. “Es la combinación de una fuerza ciudadana que hace presión, que está informada de los temas, que hace buen cabildeo y de gobernantes dispuestos a escuchar”, dice.
Padilla sostiene que falta un mandato nacional que construya una política pública de los animales. De esa manera, las normas locales no solo dependerían de la buena voluntad de los municipios.
Vanessa Suelt, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Javeriana, que consiguió del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que estudie el caso de las corralejas en Colombia, considera que a pesar de estas recientes normas, persisten vacíos y retos.
En Bogotá, explica, la protección animal está concentrada en perros y gatos y falta ver si estas condiciones se van a aplicar a otras especies. Además, como lo ilustra el caso de Casanare, el debate político sobre el tema no es muy significativo. Enfatizó que se deben emprender normativas que incluyan al resto de elementos del medio ambiente y así tener una mirada conjunta de la biodiversidad.
Por último, Padilla, denunció que “Bogotá, aunque es la ciudad que más tiene acuerdos y resoluciones, en la realidad está lejos de cumplirles” por un problema de institucionalidad.
